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Artículo completo para analizar:
La sanción del Presupuesto 2026 por parte del Gobierno Nacional ha generado un clima de incertidumbre y alerta en el sistema educativo debido a la derogación de artículos específicos que garantizaban el financiamiento de las escuelas técnicas en todo el país.
Esta medida se suma a la derogación de otras normativas fundamentales, como el piso del 6% del PBI para educación y las metas de inversión gradual en Ciencia y Tecnología, lo que marca un cambio estructural en el financiamiento del sistema educativo y productivo.
Puntos del conflicto:
Derogación del piso de financiamiento: La nueva Ley de Presupuesto eliminó el Artículo N° 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (ETP), el cual establecía que la inversión en esta modalidad no podía ser inferior al 0,2% del presupuesto nacional.
Alcance del recorte: El desfinanciamiento afecta directamente a más de 1,4 millones de alumnos y aproximadamente 3.800 instituciones técnicas, agrotécnicas y centros de formación profesional en todo el territorio nacional. Según estimaciones, esto representa una caída del 93% en el presupuesto de la modalidad en comparación con valores de 2023.
Consecuencias operativas: Los fondos eliminados estaban destinados a la compra de insumos, mantenimiento de maquinaria en talleres, desarrollo de proyectos institucionales, equipamiento tecnológico y mejoras edilicias.
Acciones judiciales: Ante la pérdida de estos recursos, ya se han presentado recursos de amparo por inconstitucionalidad. Los demandantes sostienen que una ley de presupuesto anual no posee la jerarquía para derogar derechos garantizados por leyes permanentes.
